El TSJC atribuye otro presunto delito a Emilio Fresco y José Emilio García, e incluye a José Luis Martín
El número total de imputaciones por el caso Las Teresitas ha crecido de 25 a 28, y el de imputados, de 12 a 13, después de que en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del pasado 10 de febrero, aparecieran tres nuevas inculpaciones: el presunto delito de cohecho de los ex concejales Emilio Fresco, José Emilio García Gómez y, como incorporación a esta amplia lista, José Luis Martín. El referido auto de la magistrada de la sala de lo penal del TSJC, Carla Bellini, que instruye la investigación por presunta corrupción en la compra-venta de los terrenos de la playa chicharrera, era uno más de los que todos los meses dicta para prorrogar las diligencias previas. Pero, encerraba una sorpresa: Fresco, García Gómez y Martín aparecían como supuestos receptores de sobornos.
Emilio Fresco, que fuera portavoz municipal socialista, y José Emilio García Gómez, ex portavoz del PP, ya figuraban como posibles autores de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Quien aún no figuraba era José Luis Martín, conocido contertulio de televisión que, como Fresco, fue expulsado del PSC-PSOE como consecuencia de un expediente por prácticas irregulares. Las otras 25 imputaciones que ya se conocían se reparten de la siguiente manera: presunta prevaricación y malversación de fondos públicos de Miguel Zerolo (alcalde), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. Sobre Zerolo recae una tercera imputación, la de presunto cohecho, así como otras dos de malversación y cohecho contra Felipe Armas, un peón de la construcción que trabajaba para Ignacio González.
En el auto, al que ha tenido acceso La Opinión de Tenerife, Bellini expone las razones por las que prorroga el secreto de una parte del sumario y el proceso de diligencias previas. "El motivo que hace necesario mantener parcialmente secretas las presentes actuaciones no es otro que la elevada complejidad y magnitud de las mismas", se lee en el documento, que añade que la Policía sigue remitiendo información a la justicia sobre los imputados y su entorno, que "si fueran conocidas por las partes, podrían dar lugar a interferencias o manipulaciones que entorpecerían la investigación".
Lentos avances. El abogado José Ventura, de Justicia y Sociedad, colectivo personado en la causa, detalló ayer a este diario que "no es el auto propiamente dicho de imputación, sino de prórroga por un mes de las diligencias. Lo único que ocurre es que es la primera vez que vemos en la lista estas tres nuevas imputaciones, que pudieron haber venido de la Fiscalía Anticorrupción o como consecuencia de las averiguaciones de los cuerpos de seguridad del Estado". "Esto evidencia que se está avanzando, pero pedimos celeridad en la resolución de la investigación, que se está alargando demasiado en el tiempo", añadió Ventura, quien espera un pronto inicio de la apertura progresiva de la parte del sumario que falta por conocer.
El próximo mes de junio se cumplen cinco años de la presentación, ante la Fiscalía Anticorrupción, de la denuncia del colectivo Insula Viable contra la multimillonaria operación de compra-venta de los terrenos de Las Teresitas. La fiscal Anticorrupción presenta un año y medio después y tras dos prórrogas, en diciembre de 2006, sus conclusiones ante el TSJC, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz. Una parte de la instrucción, unos 15.000 folios, queda abierta desde enero de 2008. En todo este tiempo se han ido acumulando las imputaciones, las tomas de declaración, el seguimiento a las cuentas de los acusados y su entorno e, incluso, comisiones rogatorias.
El pelotazo
El inicio de la operación. Inversiones Las Teresitas se constituye el 24 de junio de 1998 y en sólo 48 horas consigue un préstamo de alto riesgo de 33 millones de euros. El mismo día, ILT compra por 30 millones los terrenos de Las Teresitas a la Junta de Compensación que manejaba los terrenos anexos a la playa y sólo tres días después, el Tribunal Supremo emite una sentencia que rebaja las expectativas edificatorias en el frente de playa, aunque permite levantar 6 hoteles de nueve plantas y dos centros comerciales. Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de playa por 52 millones de euros y pacta con Inversiones Las Teresitas (Antonio Plasencia, Ignacio González) la recalificación del suelo que ésta se reserva en la zona conocida como Valle de Huertas.
Un negocio perfecto. La recalificación reconvierte el uso de este suelo de extrahotelero a residencial. El Ayuntamiento adelanta a ILT el 65% de lo estipulado en el convenio y la sociedad enjuga su deuda. En 2004 se formaliza la modificación del plan parcial, que recalifica el suelo de Valle de Huertas, e Inversiones Las Teresitas vende el 90% de los terrenos a la división inmobiliaria de una aseguradora por 96,1 millones de euros. En ocho años y sin gastar ni un euro, Inversiones Las Teresitas ha quintuplicado el valor de su inversión y obtenido un beneficio de 120 millones de euros.
Emilio Fresco, que fuera portavoz municipal socialista, y José Emilio García Gómez, ex portavoz del PP, ya figuraban como posibles autores de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Quien aún no figuraba era José Luis Martín, conocido contertulio de televisión que, como Fresco, fue expulsado del PSC-PSOE como consecuencia de un expediente por prácticas irregulares. Las otras 25 imputaciones que ya se conocían se reparten de la siguiente manera: presunta prevaricación y malversación de fondos públicos de Miguel Zerolo (alcalde), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. Sobre Zerolo recae una tercera imputación, la de presunto cohecho, así como otras dos de malversación y cohecho contra Felipe Armas, un peón de la construcción que trabajaba para Ignacio González.
En el auto, al que ha tenido acceso La Opinión de Tenerife, Bellini expone las razones por las que prorroga el secreto de una parte del sumario y el proceso de diligencias previas. "El motivo que hace necesario mantener parcialmente secretas las presentes actuaciones no es otro que la elevada complejidad y magnitud de las mismas", se lee en el documento, que añade que la Policía sigue remitiendo información a la justicia sobre los imputados y su entorno, que "si fueran conocidas por las partes, podrían dar lugar a interferencias o manipulaciones que entorpecerían la investigación".
Lentos avances. El abogado José Ventura, de Justicia y Sociedad, colectivo personado en la causa, detalló ayer a este diario que "no es el auto propiamente dicho de imputación, sino de prórroga por un mes de las diligencias. Lo único que ocurre es que es la primera vez que vemos en la lista estas tres nuevas imputaciones, que pudieron haber venido de la Fiscalía Anticorrupción o como consecuencia de las averiguaciones de los cuerpos de seguridad del Estado". "Esto evidencia que se está avanzando, pero pedimos celeridad en la resolución de la investigación, que se está alargando demasiado en el tiempo", añadió Ventura, quien espera un pronto inicio de la apertura progresiva de la parte del sumario que falta por conocer.
El próximo mes de junio se cumplen cinco años de la presentación, ante la Fiscalía Anticorrupción, de la denuncia del colectivo Insula Viable contra la multimillonaria operación de compra-venta de los terrenos de Las Teresitas. La fiscal Anticorrupción presenta un año y medio después y tras dos prórrogas, en diciembre de 2006, sus conclusiones ante el TSJC, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz. Una parte de la instrucción, unos 15.000 folios, queda abierta desde enero de 2008. En todo este tiempo se han ido acumulando las imputaciones, las tomas de declaración, el seguimiento a las cuentas de los acusados y su entorno e, incluso, comisiones rogatorias.
El pelotazo
El inicio de la operación. Inversiones Las Teresitas se constituye el 24 de junio de 1998 y en sólo 48 horas consigue un préstamo de alto riesgo de 33 millones de euros. El mismo día, ILT compra por 30 millones los terrenos de Las Teresitas a la Junta de Compensación que manejaba los terrenos anexos a la playa y sólo tres días después, el Tribunal Supremo emite una sentencia que rebaja las expectativas edificatorias en el frente de playa, aunque permite levantar 6 hoteles de nueve plantas y dos centros comerciales. Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de playa por 52 millones de euros y pacta con Inversiones Las Teresitas (Antonio Plasencia, Ignacio González) la recalificación del suelo que ésta se reserva en la zona conocida como Valle de Huertas.
Un negocio perfecto. La recalificación reconvierte el uso de este suelo de extrahotelero a residencial. El Ayuntamiento adelanta a ILT el 65% de lo estipulado en el convenio y la sociedad enjuga su deuda. En 2004 se formaliza la modificación del plan parcial, que recalifica el suelo de Valle de Huertas, e Inversiones Las Teresitas vende el 90% de los terrenos a la división inmobiliaria de una aseguradora por 96,1 millones de euros. En ocho años y sin gastar ni un euro, Inversiones Las Teresitas ha quintuplicado el valor de su inversión y obtenido un beneficio de 120 millones de euros.
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